Sindicatos panameños convocaron este lunes una semana de protestas contra un proyecto de ley que flexibiliza temporalmente las normas laborales en el marco de la crisis de la COVID-19, por considerar que lesiona los derechos de los trabajadores y que sus efectos podrían extenderse más allá del tiempo previsto.
El proyecto legislativo fue presentado por el Ministerio del Trabajo ante la unicameral Asamblea Nacional para su aprobación, y plantea que las 15 medidas que recoge, que incluyen la reducción de la jornada laboral y del monto de un pago extraordinario anual, entre otros, estén vigentes hasta el próximo 31 de diciembre.
El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y excandidato presidencial, Genaro López, le dijo este lunes a Efe que "no hay certeza" de que la legislación, de ser aprobada, rija hasta el 31 de diciembre como lo establece el propio texto.
"Si la ley se aprueba hasta el 31 de diciembre y continúan los contagios, el 2 de enero no se reintegrarían los trabajadores", argumentó López.
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El dirigente de la liga de sindicatos independientes sostuvo que las medidas temporales previstas en el proyecto legislativo suponen en realidad una reforma al Código de Trabajo, por lo que exigen "que se retire o no se apruebe, porque afecta los derechos fundamentales de los trabajadores".
Así, Conusi anunció este lunes un "plan de acción" con protestas y piquetes en Ciudad de Panamá y el resto del país durante esta semana para "rechazar esas reformas al Código de Trabajo y que son sumamente lesivas".
Ante el confinamiento dictado en marzo pasado para frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, el Gobierno panameño autorizó a las empresas a suspender los contratos de sus trabajadores, y según cifras oficiales hay al menos 217.000 en esa situación, mientras que el número de despidos no se ha precisado.
Los sindicatos sin embargo han denunciado que a "más de 650.000 obreros no se les registró la suspensión de su contrato" ante el Ministerio de Trabajo, lo que, entre otros perjuicios, los exime de recibir la ayuda estatal en el marco de la pandemia.
El proyecto de ley fue propuesto por el Ejecutivo para "proteger" el empleo y recoge 15 medidas temporales, aplicables a las empresas que se "vieron obligadas a cerrar y solicitar la suspensión de los efectos del contrato" de sus empleados a causa de la crisis, según recoge el documento.
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Entre los artículos más polémicos según los sindicatos destaca la extensión de la suspensión de contratos hasta el 31 de diciembre del presente año, pues el Código de Trabajo establece un máximo de cuatro meses.
El proyecto establece que los trabajadores podrán laborar un máximo de cuatro horas diarias o 16 semanales extra y reduce el monto de la segunda y tercera partida del décimo tercer mes, un bono extraordinario equivalente a un mes de salario que se paga en tres partes cada año.
El artículo 13 de proyecto establece que el "tiempo correspondiente al fuero de maternidad no se contará durante el periodo de suspensión de los efectos del contrato de trabajo" y que "el tiempo restante del fuero se reactivará tan pronto como" se levante la suspensión.
Panamá, que acumula 60.296 contagios confirmados y 1.294 las defunciones, vive desde hace casi dos meses una explosión de casos de COVID-19 que obligó a las autoridades a reimplantar severas restricciones a la movilidad y a replantear el proceso de reactivación económica.
